Las pensiones del 2021 es una de las cuestiones que trató esta semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En concreto, dijo que las pensiones de jubilación se revalorizarán en 2021 en función del IPC. En caso de haber acuerdo con el Pacto de Toledo, esto supondría un gasto para el Gobierno de 1.400 millones de euros. Esta cuantía ha demostrado ser en un gran número de familias el principal y único sustento.

El futuro de las pensiones

No obstante, las pensiones futuras se encuentran en una situación de incertidumbre en cuanto a su sostenibilidad. La crisis económica del coronavirus, y, en consecuencia, la caída del empleo, mermará las cotizaciones de la Seguridad Social para las pensiones del 2021. También influye la incorporación de una generación de pensionistas con pensiones más caras, por su base de cotización y longevas, por la esperanza de vida. Al déficit se suma además la fractura laboral causada por los ERTES.

¿Cómo afrontará el Estado todo este gasto?

Las pensiones del 2021 sin duda son un gasto significativo que se suma en las arcas públicas. Por ello el Estado se verá obligado a recurrir a ciertos préstamos o transferencias. Además, el Gobierno se está planteando reformular el sistema de pensiones como avanzó en ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Revalorizar el poder adquisitivo de los pensionistas según el IPC es una de las cuestiones planteadas. También acortar la brecha entre la edad efectiva de jubilación y la edad legal fijada, que aumentaría progresivamente hasta 67 en 2027. Para esta última medida habría que reajustar los incentivos de previsión social complementaria y la transición progresiva. En el caso de los autónomos, cotizarían por sus ingresos reales y se crearía un incentivo para favorecer el retraso de la jubilación.  

Políticas de reajuste para reducir el gasto

Además, Escrivá incluye políticas de reajuste de gastos con el objetivo de liberar la Seguridad Social. En este aspecto irían incluidos gastos que considera impropios como algunas medidas de fomento de empleo o algunas subvenciones a regímenes especiales. Otra de las medidas planteadas se refiere a tener en cuenta los últimos 25 años para el cálculo de las pensiones en 2022, lo que supone una subida progresiva. El planteamiento de estas medidas sin duda persigue el cumplimiento con Europa de la reducción del gasto para así poder acceder a los fondos de ayuda tan necesarios.

Noelia Puceiro, Directora de INTER Asesoría, nos amplía información sobre este tema en su último artículo para Diario de Arousa. Puedes consultarlo haciendo click aquí.