Una falta de claridad y de consenso obliga a agricultores temporales darse de alta como autónomos.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha abierto expedientes a agricultores esporádicos, personas cuya segunda fuente de ingresos es el campo o incluso facturaron por vender sus productos agrícolas. Se reclamó que abonasen las cuotas correspondientes a otros ejercicios pasados y se diesen de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Es decir, quienes ya estén cotizando por cuenta ajena en otra empresa, serían obligados a darse de alta como autónomos.

Hasta ahora, a los agricultores les bastaba con declarar los ingresos y liquidar los impuestos correspondientes por vender sus productos. Pero parece que ha habido un cambio de criterio.

En la normativa laboral española no se recoge qué sucede en caso de que este trabajo se desarrolle de forma esporádica, por eso debería definirse claramente qué se entiende por “habitual”, ya que el problema surge en esta falta de claridad. Podría considerarse marginal y, por lo tanto, excluirla del RETA.

¿Qué factores influyen y deberían tenerse en consideración?

• El tipo de actividad
• El tiempo de trabajo
• Tiempo de cotización según la actividad
• Los ingresos percibidos en función de la actividad desempeñada
• Las condiciones de cada caso en particular: si el agricultor está desempleado, si sus únicos ingresos vienen de la agricultura…

¿Cuándo no darse de alta como autónomo?

Probablemente, si el salario que se gana por cuenta ajena supera a los que se generan a raíz de la actividad agrícola.

En caso de una persona jubilada, podrá compatibilizar con su pensión en caso de que los ingresos derivados del campo sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

Quienes estén cobrando una prestación o estén en situación de desempleo, necesitarán una evaluación personal según sus condiciones.

En el caso de los trabajadores que tienen como único ingreso la actividad agrícola, se darán de alta solo en caso de que el dinero que perciban sea mayor al indicado en el IPREM.

El aparente cambio de criterio y el hecho de que los inspectores de la administración no formulen evaluaciones basándose en criterios claros, provoca que los asesores laborales nos estemos enfrentando a una falta de regulación y a una gran inseguridad jurídica. Los pequeños agricultores temporales son los que más afectados se están viendo debido a estos procedimientos, y no son pocos los que se plantean abandonar los cultivos. Esto podría tener consecuencias más allá de lo económico, en ámbitos como el social o el medioambiental.

Mauro Blanco, asesor laboral en INTER Asesoría nos habla de esto y más en su último artículo publicado en Diario de Arousa. Puedes consultarlo al completo haciendo clic aquí.