¿Incentiva la fuga de capitales los Presupuestos Generales 2023?
A lo largo del mes de octubre y en medio de un escenario marcado por la elevada inflación, subida de tipos de interés, subida del precio de materiales, productos básicos….se ha aprobado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2023 y se ha enviado a la Comisión Europea.
Entre las medidas incluidas en el paquete fiscal se encuentran:
El nuevo impuesto a las grandes fortunas: se trata de un impuesto de carácter temporal, que en principio será de aplicación en 2023 y 2024 (aunque el Ministerio de Hacienda quiere anticiparlo a 2022), aunque se reservan la opción de valorar su utilidad/rentabilidad y prorrogarlo o convertirlo en permanente. Este nuevo impuesto gravará a los contribuyentes con un patrimonio neto superior a 3 millones de euros, impuesto que estiman afectará a unos 23.000 contribuyentes, grandes patrimonios residentes principalmente en Madrid, Andalucía y Galicia, es decir, en las comunidades autónomas que bonificarán total o parcialmente el Impuesto de Patrimonio en el ejercicio 2023 dado que se articula una deducción del 100% para aquellas comunidades que mantengan el Impuesto de Patrimonio.
El incremento de gravamen de las rentas de capital a partir de 200.000€: el tipo impositivo aplicable al último tramo de la escala de la rentas de ahorro se verá incrementado del 26% al 27%, añadiendo además un nuevo tramo en el cual las rentas superiores a 300.000€ grabarán al 28%.
La subida el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas: se prevé el incremento temporal del tipo impositivo que graba el Impuesto sobre Sociedades a las grandes empresas.
Estos incrementos de impuestos recogidos en el paquete de medidas fiscales de los Presupuestos Generales para el 2023 junto con la tendencia inflacionista, y el endurecimiento de las condiciones de financiación está colocando al sector empresarial de nuestro país en una tesitura complicada, encontrándose con la mayor presión fiscal de la historia lo que inevitablemente conlleva decrecimiento económico y de empleo.
La idea preconcebida de que grabar la riqueza es una medida de equilibrio y justicia social es incorrecta, puesto que resta recursos a los contribuyentes para invertir en bienes de equipo capital para el tejido empresarial. Los salarios de los trabajadores en una economía de mercado vienen determinados por su productividad, y ésta será mayor cuantos más y mejor equipamiento se disponga para llevar a cabo su trabajo. En conclusión, lo que se debería incentivar es la acumulación de riqueza ligada al fomento de su inversión en el tejido empresarial para mejorar así tanto la productividad como el salario de los trabajadores y en consecuencia generar crecimiento económico.
En cambio, lo que se consigue con estas medidas “persecutoras” de la riqueza es todo lo contrario, la fuga de capitales a otros países en busca de mejores condiciones en medio de un escenario inflacionista, con subida de tipos de interés que dificulta la financiación y para acabar, una mayor presión fiscal. Además, teniendo en cuenta que países vecinos, como Portugal, no tiene impuestos que graben el patrimonio, sucesiones ni donaciones hace mucho más atractiva la marcha de empresas al país luso, en el cual además se ofrecen muchas más facilidades por parte de los ayuntamientos para la instalación del tejido industrial lo que atrae capital extranjero.
Con el anuncio del nuevo impuesto ya se ha generado un clima de revuelo entre los grandes patrimonios, los cuales están llenando los despachos de consultas en busca de asesoramiento en cuanto a planificación tributaria, siendo en muchos casos la decisión final la de hacerse no residente, marchar a otro país que ofrezca mayores ventajas fiscales, generando en España un decrecimiento empresarial y por ende un empobrecimiento de la población en general.