La necesidad de criterios jurídicos estables en la Agencia Tributaria
La seguridad jurídica debería ser uno de los pilares esenciales de cualquier Estado de derecho. Sin ella, la planificación económica se vuelve imposible, la confianza se ve mermada y el cumplimiento de las normas se convierte en una carrera de obstáculos. Este es el día a día con el que se topan los asesores fiscales, que ven dificultada su labor ante el vaivén de cambios normativos, de criterios, de jurisprudencia… generando así gran inseguridad jurídica.
El caso Veri*Factu
Uno de los ejemplos más recientes es el cambio de criterio de última hora en relación al reglamento Veri*Factu, el sistema impulsado por la Agencia Tributaria para reforzar el control de la facturación y prevenir el fraude fiscal. Durante meses se había presentado como una medida consolidada, sobre la que empresas, desarrolladores de software y asesores fiscales han tomado decisiones, realizando inversiones y adaptando procesos.
Pues, para sorpresa de todos y a última hora y; después de pasarse todo el año hablando sobre el nuevo sistema y la adaptación de los Sistemas Informáticos de Facturación, incluso con envío de comunicaciones informativas a los contribuyentes sobre su inicio en 2026, la AEAT ha introducido modificaciones relevantes en cuanto al calendario de cumplimiento cuando un gran número de contribuyentes ya habían tomado decisiones y efectuado inversiones al respecto.
La justificación habitual de la Agencia Tributaria para estos cambios es la necesidad de mejorar el sistema, aclarar aspectos técnicos o cerrar posibles vías de elusión. Sin embargo, no puede servir de excusa para modificar criterios sin una planificación temporal prudencial, sin periodos transitorios razonables y sin un consenso real con los sectores implicados.
Desprotección como norma
Esta dinámica no es nueva ni exclusiva de Veri*Factu. Otro ejemplo, es el criterio sobre la deducibilidad de la retribución de los administradores. En julio de 2025, la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1.149/2025, en materia de retribución de administradores, vuelve a poner de manifiesto el problema estructural del constante vaivén interpretativo en el ámbito fiscal. Durante años, empresas y asesores han tenido que pelear entre criterios cambiantes de la Administración tributaria respecto a la deducibilidad de estas retribuciones, criterios que se han ido modificando, corrigiendo o directamente contradiciendo con el paso del tiempo, hasta el punto de requerir una nueva intervención del Alto Tribunal para reconducir la situación.
Aunque la función y objetivo de las sentencias del Tribunal Supremo es la unificación doctrinal, no deja de ser alarmante que la seguridad jurídica de un estado dependa, constantemente, de pronunciamientos judiciales posteriores, cuando ya ha tenido impacto económico y organizativo en los contribuyentes. El contribuyente se ve así atrapado y limitado entre lo que sostiene la Agencia Tributaria y lo que mañana puede desmentir un tribunal, con el consiguiente riesgo de regularizaciones, sanciones y recursos que se prolongan en el tiempo.
Uno de los aspectos más preocupantes, es que la inseguridad jurídica no solo se manifiesta en grandes reformas fiscales, sino que también afecta a instrucciones internas, notas aclaratorias, preguntas frecuentes que cambian sin previo aviso o interpretaciones administrativas que se apartan de lo que hasta ayer se consideraba válido. Ante este panorama, el contribuyente deja de saber a qué atenerse, los asesores tributarios ven dificultada su labor y el cumplimiento normativo pasa de ser una obligación clara a un ejercicio de adivinación.
El mensaje implícito que muestra este constante vaivén de cambios normativos es alarmante: cumplir hoy no garantiza estar cumpliendo mañana.
El asesor fiscal como figura clave en un marco cambiante
Si el objetivo de la Agencia Tributaria es fomentar una relación de confianza entre la Administración y los contribuyentes, basada en la colaboración y la lealtad recíproca, resulta imprescindible recuperar la estabilidad normativa y el respeto a los criterios consolidados. Las normas pueden —y en ocasiones deben— evolucionar para adaptarse a nuevas realidades, pero hacerlo de manera improvisada, extemporánea y constante termina por erosionar la credibilidad del sistema tributario. El resultado es una creciente sensación de desprotección por parte del contribuyente, que percibe que se penaliza precisamente a quien actúa con previsión, diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
En este contexto, la inseguridad jurídica refuerza el papel esencial del sector de los asesores fiscales, cuya función exige más que nunca un alto nivel de cualificación y criterio técnico. Su labor ya no puede limitarse a la mera presentación de autoliquidaciones, sino que se convierte en un elemento clave para interpretar un marco normativo cambiante y acompañar y defender los intereses de sus clientes.
Para conocer más detalles sobre este tema, haz clic aquí y descubre a fondo el artículo publicado en el Diario de Arousa y redactado por María Pérez, asesora fiscal en Inter Asesoría.