Inseguridad jurídica fiscal: cuando cumplir hoy no garantiza estar cumpliendo mañana
Cambios de criterio a última hora, jurisprudencia que contradice a la Administración, instrucciones internas que se modifican sin previo aviso. La inseguridad jurídica no es una excepción en el sistema tributario español: es la norma. Y sus consecuencias las pagan empresas, autónomos y asesores fiscales.
Asesora fiscal de empresas
El caso Veri*Factu: un ejemplo reciente y llamativo
Durante meses, el reglamento Veri*Factu se presentó como una medida consolidada sobre la que empresas, desarrolladores de software y asesores fiscales tomaron decisiones concretas: inversiones realizadas, procesos adaptados, comunicaciones informativas enviadas por la propia AEAT a los contribuyentes sobre su inicio en 2026.
Y entonces, a última hora, la Agencia Tributaria introdujo modificaciones relevantes en el calendario de cumplimiento.
La justificación habitual —mejorar el sistema, aclarar aspectos técnicos, cerrar vías de elusión— no puede servir de coartada para modificar criterios sin planificación temporal prudente, sin periodos transitorios razonables y sin consenso real con los sectores implicados. El daño ya estaba hecho.
La retribución de administradores: años de vaivén interpretativo
Veri*Factu no es un caso aislado. La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1.149/2025, de julio de 2025, sobre deducibilidad de la retribución de administradores, ilustra otro problema estructural: durante años, empresas y asesores han tenido que navegar entre criterios cambiantes, contradictorios y en constante revisión por parte de la Administración tributaria, hasta requerir una nueva intervención del Alto Tribunal para reconducir la situación.
Que la seguridad jurídica de un Estado de derecho dependa constantemente de pronunciamientos judiciales posteriores —cuando el daño económico y organizativo ya se ha producido— es, cuando menos, alarmante.
El contribuyente atrapado entre la AEAT y los tribunales
El patrón se repite: la Agencia Tributaria sostiene un criterio, el contribuyente actúa en consecuencia, y un tribunal lo desmiente años después. El resultado son regularizaciones, sanciones y recursos que se prolongan en el tiempo, con el contribuyente como principal damnificado de una disputa que no provocó.
Y lo más preocupante es que la inseguridad jurídica no solo afecta a grandes reformas fiscales. También se manifiesta en instrucciones internas, notas aclaratorias y preguntas frecuentes que cambian sin previo aviso, o en interpretaciones administrativas que se apartan de lo que hasta ayer se consideraba válido.
El mensaje implícito de este constante vaivén es tan claro como inquietante: cumplir hoy no garantiza estar cumpliendo mañana.
El coste de la imprevisibilidad
La planificación económica requiere estabilidad normativa. Sin ella, las empresas no pueden tomar decisiones de inversión con seguridad, los autónomos no saben a qué atenerse y el cumplimiento normativo deja de ser una obligación clara para convertirse en un ejercicio de adivinación.
El sistema penaliza precisamente a quienes actúan con previsión, diligencia y responsabilidad: quienes se adaptan a tiempo, invierten en cumplimiento y planifican con antelación son los más expuestos cuando los criterios cambian de forma extemporánea.
El papel del asesor fiscal en un marco cambiante
Si la Agencia Tributaria persigue una relación de confianza con los contribuyentes basada en la colaboración y la lealtad recíproca, el primer paso es recuperar la estabilidad normativa y el respeto a los criterios consolidados. Las normas pueden evolucionar, pero hacerlo de forma improvisada y constante erosiona la credibilidad del sistema tributario.
En este contexto, el asesor fiscal deja de ser quien presenta autoliquidaciones para convertirse en un intérprete indispensable de un marco normativo en permanente movimiento. Su función es, más que nunca, acompañar y defender los intereses del contribuyente en un entorno que no siempre le da las herramientas para defenderse solo.
Para conocer más detalles sobre este tema, haz clic aquí y descubre a fondo el artículo publicado en el Diario de Arousa y redactado por María Pérez, asesora fiscal en Inter Asesoría.