Nos encontramos en plena campaña de renta y los españoles tienen que declarar al fisco los ingresos percibidos en 2022.

Recientemente se ha estudiado cual sería el sueldo exacto para ser feliz y parte de una base para satisfacer las necesidades fisiológicas como es alimentación para lo que se necesita unos 250€ por persona y mes, para las necesidades de hogar y familia sobre unos 816€ datos de la OCU, y el INE indica que para ocio unos 355€ al mes sumado a un 5% de salario al mes para realización personal, esto da un total de 1496€ al mes por persona, aproximadamente 18.000€ anuales, la realidad es que muy pocas familias llegan a ese salario y mucho menos a 355€ para ocio, sin tener en cuenta en la fórmula  la cantidad que debería ir destinada a ahorro, que para la mayoría de los españoles con la inflación este importe ha quedado anulado.

En relación al impacto de la carga fiscal sobre los salarios en las familias españolas, somos el país de la UE con mayor carga impositiva sobre nuestros salarios. Un 39,5% se destina a impuestos en nuestro país, 5 puntos más que el siguiente país de la OCDE, este año se ha visto incrementado en un 0,2% por las nuevas cotizaciones. En España las empresas ingresan un 24,10% en cotizaciones sociales, la media de la OCDE se encuentra en 13,4% y las cotizaciones a cargo de la persona trabajadora son 4,8%. Cuatro de cada diez euros ganados por los españoles se destina al pago de impuestos.

Además de la carga impositiva viene sumada la inflación donde las personas trabajadoras han perdido poder adquisitivo real.

La cuña fiscal no solo es perjudicial para las personas trabajadoras, sino para las empresas españolas que pierden competitividad con el resto de países. Los ingresos por impuestos están en máximos históricos pese a ello el PIB nacional no se ha visto incrementado dada la situación financiera y la inflación.

Los españoles de media vamos a destinar un 14,1% del salario al pago del IRPF, la subida de salarios se paga como extra debido a no deflactar, ya que los tramos de renta no se han ajustado a la pérdida de poder adquisitivo ocasionado por la inflación, por lo que las personas trabajadoras pagan más porque el salario real no sube tanto como el IPC, la subida de los salarios ha llevado a un encarecimiento de los precios.

Analizando el salario de la felicidad y la carga impositiva en nuestro país, realmente tendrían que establecerse unos límites de presión fiscal a partir de los cuales las empresas no dejasen de ser competitivas y que de esta manera las organizaciones puedan invertir en su principal activo, “su equipo”.

Las recientes regulaciones como el MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), que es un impuesto que va en aumento de manera progresiva hasta al menos el 2030 para poder soportar las pensiones de la generación babyboom, las regularizaciones del teletrabajo con costes a cargo de la empresa, ley de familia  con ampliación de permisos a cargo también de las empresas, las subidas retroactivas del SMI hacen recaer el grueso de inversión por parte de las empresas, que se encuentran con gastos inesperados por cambios legislativos. Todo ello sin tener en cuenta las actualizaciones de convenio, pese a la reforma laboral donde deja recaer el peso de la regulación de los salarios en España sobre los convenios colectivos. El espejismo de la reforma es correcta, ya que los convenios colectivos se adaptan a las condiciones de trabajo y características de cada sector, permitiendo a los propios afectados formar parte de la negociación.

La realidad es que la regulación de salarios recae en los convenios colectivos, pero no se ha legislado para que sea efectivo y beneficiario para ambas partes. Con la ultraactividad de los convenios, se ha recuperado la vigencia indefinida del convenio mientras no se llegue a un acuerdo, nos encontramos con convenios prorrogados desde 2009 en muchas ocasiones. La reforma laboral no ha garantizado la regulación de los salarios, si no, de ese modo se hubiese legislado la obligación de actualización de los convenios a periodos vencidos, en primer lugar para garantizar los salarios de las personas trabajadoras y en segundo lugar la competitividad de las empresas donde los sectores que se encuentren por debajo de las mismas condiciones en relación a los costes laborales ¿A donde nos lleva un convenio desactualizado? A la incertidumbre generalizada por parte de la empresa, al verse en la obligación de actualizar un convenio de manera retroactiva y hacer  frente a atrasos salariales, un coste que no se ha podido provisionar y tampoco planificar. La otra parte perjudicada, son  las personas trabajadoras con una pérdida de poder adquisitivo por no mantener los salarios actualizados al mercado, además de los inconvenientes de tener que declarar las percepciones recibidas correspondientes a otros ejercicios con declaraciones complementarias, en resumen, carga fiscal que beneficia al fisco.

En conclusión, personas trabajadoras y empresas se encuentran bajo una cuña fiscal impositiva sin precedentes, sumado a una reforma laboral que no ha favorecido la garantía de un sueldo digno. La subida de salario mínimo no ha garantizado un incremento del salario real, por razones  impositivas y  a causa de la inflación.

Por tanto, la banca siempre gana o lo que es lo mismo,  el Estado en cualquier caso es el gran beneficiado de un escudo fiscal ineficaz.