En un nuevo contexto inflacionista, España ha sumado una nueva carga fiscal este 1 de enero de 2023 a través de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Se trata de un impuesto que gravará con 0,45€ el kilo de plástico no reciclado.

Se trata de una medida que responde al objetivo europeo fijado por la Directiva SUP (Single Use Plastic). Este objetivo es de la minimización de residuos de este tipo de plásticos.

De esta forma, tanto los envases vacíos como los que vienen con contenido se enmarcan en este impuesto al plástico no reutilizable (IPNR). Es así como España se convierte en el único país de la UE en incorporar este nuevo impuesto (ya que Italia ha aplazado un año su implantación).

Los envases que quedan exentos de esta medida fiscal son los relacionados con el ámbito sanitario como, por ejemplo, los medicamentos o alimentos de uso médico.

Este impuesto llega en un contexto complicado a nivel económico. Además, las empresas de nuestro país se encontrarán dificultades para adquirir la información requerida. Todo esto, podría suponer una amenaza para la competitividad de las empresas.

Por todo ello, la Asociación Nacional de Industriales de Plásticos (ANAIP) y otros agentes implicados han pedido el retraso de la entrada en vigor de esta medida y ciertas modificaciones en la misma.

Sin embargo, la norma ha seguido adelante y, hoy, ya está implantada en nuestro país.